Plataforma Q'atary Perú

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En el Perú, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000) se ejecutó  un plan de control de la natalidad dirigido a los sectores más pobres de la población peruana. Bajo el pretexto de mejorar sus condiciones de vida, más de 300.000 mujeres rurales, campesinas e indígenas fueron esterilizadas. 

Estas intervenciones conocidas como las AQV (Anticoncepción quirúrgica voluntaria) formaron parte de la política de Estado, se implementaron concretamente desde el programa Salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, focalizado en zonas rurales y urbano marginales del Perú. 

Los medios empleados para captar a las mujeres fueron la presión, la mentira, las amenazas y coacción. Como consecuencia de estas intervenciones  se produjeron fallecimientos y muchas  mujeres quedaron con secuelas físicas y psicológicas.

Lejos quedaron los acuerdos internacionales en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que fueron ratificados por el Estado peruano.

Estas prácticas fueron denunciadas por las organizaciones de mujeres y de DDHH. Un caso, el de Mamérita Mestanza se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, llegando a un Acuerdo de solución amistosa en que el Estado peruano se comprometía a reparar a la familia de la fallecida y a sancionar a los responsables de las esterilizaciones.

No  obstante, en el mes  de mayo de  2009 el Fiscal provincial sobre  delitos de DDHH archivó las 2,074 denuncias presentadas desconociendo la existencia de  una política estatal y que las esterilizaciones constituyen un delito de lesa humanidad  imprescriptibles tal como lo señala el Estatuto de Roma. 

Con el archivamiento del proceso, se cierra las posibilidades de lograr justicia en el Perú para las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas. Asimismo el Estado peruano incumple el acuerdo con la CIDH dejando  en la impunidad esta flagrante violación de  derechos humanos, y,  en consecuencia conduce a las mujeres y organizaciones de la sociedad civil a recurrir a instancias internacionales. 

La Plataforma Q’atary Perú viene coordinando con entidades públicas y privadas que trabajan en pro de los derechos humanos y la igualdad de género tanto  en Perú como en Cataluña, a fin de visibilizar y denunciar estas prácticas atentatorias contra las mujeres; conseguir la solidaridad internacional y sumarnos a las acciones de incidencia y presión que continúan desarrollando las mujeres y organizaciones  en Perú con la finalidad de buscar justicia y sancionar a los responsables. 

A través de la Mesa redonda, proponemos un análisis y reflexión acerca del papel del Estado, el control de los derechos de las mujeres ejercido a través de políticas públicas; y cómo a la exclusión de género se suman variables de clase, etnia y cultura, que acentúan las desigualdades. Finalmente destacar  el proceso de lucha y reivindicación de las mujeres en la defensa de sus derechos, el acceso a la justicia y el reconocimiento de su condición de ciudadanas. 

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Vigilia frente al consulado peruano en Barcelona, 4 de junio de 2010

Barcelona, 4 de junio 2010 

A UN AÑO DE LA MASACRE DE BAGUA 

Organizaciones
y personas solidarias en Catalunya nos dirigimos al gobierno peruano 

El 5 de junio de 2009, asistimos en este mismo Consulado Peruano en
Barcelona, alarmados por los trágicos sucesos de Bagua, donde la represión al
levantamiento amazónico por la policía y el ejército se saldó con la muerte de
decenas de personas y cientos de heridos. Consternados, acudimos a las puertas
de esta institución para  exhortar al
gobierno peruano que cese el hostigamiento a los pueblos indígenas, se aclaren
los hechos siniestros ocurridos en Bagua así como se respeten los territorios
indígenas del avasallamiento de los proyectos extractivos y agro exportadores. 

En aquella ocasión, como en otras, los pueblos indígenas de la Amazonía
peruana se habían movilizado para defender sus territorios ancestrales,
ocupados en las zonas alta y baja de la Amazonía. Actualmente, estos
territorios se encuentran afectados por la creciente e irracional explotación
de recursos como el oro, la madera, el petróleo y el gas que se lleva a cabo
sin respeto por las decenas de pueblos indígenas que mantienen una de las
mayores diversidades culturales del planeta. Muchas de estas explotaciones
corresponden a áreas entregadas en concesión por el gobierno peruano a empresas
transnacionales que se imponen en los territorios indígenas, ignorando los
derechos de las comunidades nativas. 

Un año después de los sucesos de Bagua, regresamos ante las puertas del
Consulado del Perú para hacer una vigilia de recuerdo a las víctimas así como
de denuncia pública al modelo de desarrollo destructivo que ha encaminado el
gobierno peruano, que ignora y atropella a los derechos de los pueblos
indígenas mientras facilita la entrada de inversiones transnacionales a través
de Tratados de libre Comercio.

Además, acompañamos solidariamente a las organizaciones indígenas del
Perú, especialmente la AIDESEP esperando que se respete tanto su trabajo,
representatividad así como sus dirigentes. 

Desde Barcelona, aunque distantes en el espacio, cercanos en el corazón,
demandamos: 

• Investigación
  de las responsabilidades de la actuación represiva el 5 de junio de 2009 en
  Bagua.
• Respeto
  y diálogo con las organizaciones indígenas del Perú
• Cumplimiento
  de todas las leyes que garantizan los derechos indígenas, en especial Convenio
  Nº 169 de la OIT, ratificado por Perú en 1994, que obliga a no realizar ninguna
  operación dentro de los territorios indígenas sin Consentimiento Libre Previo
  Informado.
• Anular
  contratos de concesiones petroleras que afecten a territorios indígenas hasta
  que se consulte debidamente sobre su consentimiento.
• En
  especial, anular los bloques 39 y 67, de Repsol-YPF y Perenco respectivamente
  por amenazar la supervivencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
• Parar
  la privatización y saqueo de los recursos de la Amazonía, por ser casa y
  territorio de los pueblos originarios que siempre la han habitado sin
  destruirla.

ORGANIZACIONES FIRMANTES 

Lliga dels Drets dels
Pobles

Enginyers Sense Fronteres

Entrepobles

Alternativa Intercanvi  pels Pobles Indígenes

Campaña Internacional de
Afectados por Repsol-YPF

Colectivo Repsolmata-
Barcelona

Asociación Plataforma
Q'atary Perú-Barcelona

Barcelona en Transició

Centre Internacional Escarré
per a les Minoríes Etniques i les Nacions CIEMEN

Centre d’Estudis
Amazònics -CEAM

Observatori del  Deute de la Globalització

Iniciativa per Catalunya
Verds- ICV

ACSUR-Las Segovias  Catalunya

Asociación cultural
Iberoamericana Manuel Scorza

Educació per a l’Acció Crítica
EdPAC

Dones del Món-Barcelona

Colectivo Maloka

Associació cultural
solidària Calidoscopi

Casa de la Solidaritat
de Santa Coloma de Gramanet

Huayna Cooperacció- Santa
Coloma de Gramanet

Asociación peruana de
Cooperación e Integración  APCI

Marxa Mundial de les
Dones de Catalunya

Comitè Català de
Solidaritat amb els pobles del Perú

Consejo Peruano de
Participación Ciudadana- Barcelona

Dret, Empoderament  Sumak Kawsay- DESK

ADHESIONES INDIVIDUALES 

Mariana Llano

Rubén Costa

Mercedes Silvano

Marta Mas Perulles

Antonio Doñate

Guillermo Romero

Diego Alba  Fraga

Patricia Rojas Caro-
26716656

Marc Giménez Villahoz
47650648F

Pedro Díaz Castillo

Cristina Tino Álvarez

Laura Fernández

Emma de La Haba

Delphine Ortega

Nilton Torres Varillas

Edward Ruiz Pérez

Claudio Contreras

Contacto : qatary@qataryperu.org

Mesa  redonda: "Mujeres, DDHH y  exclusión de género en el  Perú, Las  esterilizaciones forzadas."

Lugar: Espai La  Cuina,  del Centre de Cultura de Donnes Francesca Bonnemaison - Sant Pere més Baix 7, 2ª - 08003, en el centro de Barcelona, a unos pasos de la Avenida Laietana.

Día: 30 de Junio de 2010

Hora:18:45h.  

Entrepobles y Plataforma Q'atary Perú, invitan a la charla:

MUJERES Y DERECHOS HUMANOS EN PERÚ: LAS MUJERES Y EL DERECHO A DECIDIR.

"ESTERILIZACIONES FORZOSAS Y CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO. DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA"

Lunes, 19 de octubre, a las 19.00h
Lugar: Federació Catalana d'ONGs, Barcelona

PRONUNCIAMIENTO

Frente a los graves acontecimientos que vienen ocurriendo en el Perú como consecuencia de las protestas de las comunidades amazónicas por la defensa de sus derechos y su soberanía; contrarias a las políticas de corte neoliberal implementadas por el gobierno peruano, en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC), a todas luces privatizadoras, y que beneficia a los grandes capitales extranjeros.

Las entidades abajo firmantes:

Asociación de Promoción y Desarrollo Social
Plataforma Q’atary Perú

Misión

Plataforma “Q’atary Perú” (“Levántate Perú”), constituye un colectivo plural de peruanos y peruanas, residentes en Barcelona, que trabajan voluntariamente y de forma comprometida para contribuir al desarrollo social y político del Perú, con énfasis en los sectores sociales menos favorecidos y tradicionalmente excluidos de participar en los asuntos públicos.

El día 7 de abril de 2009 la Sala penal especial presidida por el juez César San Martín dictó la sentencia del juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, condenándolo a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Consideramos que el fallo es histórico por ser la primera vez que se juzga y se condena a un ex mandatario por violación de DDHH, en un proceso llevado a cabo de forma impecable sentando jurisprudencia.

A mediados de abril se dictará sentencia en el Juicio contra Alberto Fujimori por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, constituyendo un hecho sin precedentes en la historia del Perú juzgar a un ex presidente que tras una dictadura encubierta, caracterizada por la corrupción y el control de todos los poderes del Estado se fugó del país y a quien finalmente después de muchos esfuerzos se logró extraditar.

Como es de conocimiento público, el 02 de noviembre fue fijada fecha de elección del consejo de Consulta de la comunidad peruana en Barcelona, periodo 2008 – 2009. Sin embargo, 72 horas antes las elecciones fueron anuladas en virtud a que 7 candidatos, de los 14 inicialmente presentados, renunciaron. Dicha anulación constituye un atropello arbitrario, una atribución auto concedida por el propio consulado, haciendo una antojadiza interpretación del reglamento de los consejos de consulta que en ningún artículo otorga dicha facultad al cónsul.