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Como es de conocimiento público, el 02 de noviembre fue fijada fecha de elección del consejo de Consulta de la comunidad peruana en Barcelona, periodo 2008 – 2009. Sin embargo, 72 horas antes las elecciones fueron anuladas en virtud a que 7 candidatos, de los 14 inicialmente presentados, renunciaron. Dicha anulación constituye un atropello arbitrario, una atribución auto concedida por el propio consulado, haciendo una antojadiza interpretación del reglamento de los consejos de consulta que en ningún artículo otorga dicha facultad al cónsul.
Los consejos de consulta son instituciones participativas y representativas de las comunidades peruanas en el exterior, cuya tarea fundamental es garantizar la prestación de servicios consulares de calidad, en coordinación con los consulados, velando por los derechos de nuestros compatriotas cuando éstos no reciben protección debida de sus autoridades.
La elección de estos consejos obedece a un mandato normativo, en virtud al cual los consulados convocan a la comunidad peruana para designar por sorteo a los miembros del comité electoral. Que una vez instaurado el comité, goza de autonomía e independencia para llevar adelante el proceso electoral, no habiendo por encima de ella entidad pública que ejerza dicha competencia.
La no existencia de 10 candidatos no puede ni debe ser causal de anulación, sino debe dar paso a una elección complementaria en el que se elija a los consejeros restantes para completar el número exigido. El consulado y cancillería no han dado las explicaciones por dicho comportamiento vulnerador del propio derecho de participación ciudadana.
En base a tales considerandos, Plataforma Q’atary Perú demanda que:
1. El Cónsul Miguel Palomino debe explicar los fundamentos legales y jurídicos que sustentan la anulación de las elecciones al Consejo de Consulta, vulnerando la autonomía del comité electoral. Asimismo, el consulado como organismo público dependiente del sector Relaciones Exteriores, debe publicar el documento oficial por el que cancillería habría sido el directo responsable de dicha arbitrariedad. Los ciudadanos peruanos tenemos el derecho fundamental de acceso a información pública prevista por la ley.
2. Tanto Relaciones Exteriores como el Consulado Peruano en Barcelona deben ofrecer disculpas públicas por dicha actitud y comprometerse a trabajar eficientemente para mejorar la prestación de servicios consulares. Ambas entidades se sustentan con presupuesto público y deben entender que están para servir a la comunidad de peruanos en el exterior.
3. Hacemos un llamado a toda la comunidad peruana en Barcelona para exigir al consulado una reunión y coordinar las acciones necesarias tendientes a una nueva convocatoria a elecciones. Dicha convocatoria debe obedecer a una adecuada planificación como resultado de un proceso concertado y no a una decisión unilateral,
4. Invocamos a los ciudadanos peruanos, organizados o no, a las asociaciones y federaciones de entidades peruanas en el exterior, a los más de 80 consejos de consulta, a organizaciones internacionales de protección de derechos, a sumarse a nuestra protesta. La solidaridad de todos es necesaria para frenar comportamientos que no se condicen con un espíritu democrático.
5. Exigimos a las autoridades públicas del Perú, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, a emplazar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que explique los fundamentos del caso. Los peruanos residentes en Barcelona no pueden quedar en completa indefensión, como tampoco pueden ser víctimas de un manejo consular partidista.
6. Finalmente, convocamos a la comunidad peruana en Barcelona a presentar candidatos al próximo consejo de consulta. El contexto actual amerita candidatos no apristas, transparentes y dispuestos a trabajar. Sólo sirviendo de contrapeso al consulado se pueden garantizar servicios consulares de calidad y evitar arbitrariedades como las ocurridas recientemente.
Barcelona, noviembre de 2008