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En el Perú, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000) se ejecutó un plan de control de la natalidad dirigido a los sectores más pobres de la población peruana. Bajo el pretexto de mejorar sus condiciones de vida, más de 300.000 mujeres rurales, campesinas e indígenas fueron esterilizadas.
Estas intervenciones conocidas como las AQV (Anticoncepción quirúrgica voluntaria) formaron parte de la política de Estado, se implementaron concretamente desde el programa Salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, focalizado en zonas rurales y urbano marginales del Perú.
Los medios empleados para captar a las mujeres fueron la presión, la mentira, las amenazas y coacción. Como consecuencia de estas intervenciones se produjeron fallecimientos y muchas mujeres quedaron con secuelas físicas y psicológicas.
Lejos quedaron los acuerdos internacionales en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que fueron ratificados por el Estado peruano.
Estas prácticas fueron denunciadas por las organizaciones de mujeres y de DDHH. Un caso, el de Mamérita Mestanza se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, llegando a un Acuerdo de solución amistosa en que el Estado peruano se comprometía a reparar a la familia de la fallecida y a sancionar a los responsables de las esterilizaciones.
No obstante, en el mes de mayo de 2009 el Fiscal provincial sobre delitos de DDHH archivó las 2,074 denuncias presentadas desconociendo la existencia de una política estatal y que las esterilizaciones constituyen un delito de lesa humanidad imprescriptibles tal como lo señala el Estatuto de Roma.
Con el archivamiento del proceso, se cierra las posibilidades de lograr justicia en el Perú para las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas. Asimismo el Estado peruano incumple el acuerdo con la CIDH dejando en la impunidad esta flagrante violación de derechos humanos, y, en consecuencia conduce a las mujeres y organizaciones de la sociedad civil a recurrir a instancias internacionales.
La Plataforma Q’atary Perú viene coordinando con entidades públicas y privadas que trabajan en pro de los derechos humanos y la igualdad de género tanto en Perú como en Cataluña, a fin de visibilizar y denunciar estas prácticas atentatorias contra las mujeres; conseguir la solidaridad internacional y sumarnos a las acciones de incidencia y presión que continúan desarrollando las mujeres y organizaciones en Perú con la finalidad de buscar justicia y sancionar a los responsables.
A través de la Mesa redonda, proponemos un análisis y reflexión acerca del papel del Estado, el control de los derechos de las mujeres ejercido a través de políticas públicas; y cómo a la exclusión de género se suman variables de clase, etnia y cultura, que acentúan las desigualdades. Finalmente destacar el proceso de lucha y reivindicación de las mujeres en la defensa de sus derechos, el acceso a la justicia y el reconocimiento de su condición de ciudadanas.
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